sábado, 24 de abril de 2010

De paro

Si señores, En mendoza estamos de PARO JUDICIAL!!!! Desde el 26 e Marzo que los señoritos trabajadores del estado se la rascan doblemente y no atienden al publico.

El conflicto judicial se agravó más, al cumplirse el decimoséptimo día hábil de paro cuando estaba previsto, de acuerdo a las propias palabras del ministro de Gobierno, Mario Adaro, que la situación, a partir de la reunión paritaria de ayer, iba hacia un camino de normalización de la Justicia. Por su parte, en el mismo sentido, los dirigentes del gremio habían sostenido que tenían mucho interés en solucionar el conflicto.




Pero la situación que se planteó ayer fue totalmente distinta. Por un lado, la asamblea dispuso un nuevo paro hasta el lunes a las 7.30, por lo que se afectará el fin de semana la atención en las oficinas fiscales y rechazó la conciliación obligatoria, ya que se reiteró que a la Subsecretaría de Trabajo no le compete dictar la conciliación obligatoria por ser, como una repartición que depende del Poder Ejecutivo, parte interesada en el conflicto.



Quien argumentó esta postura en la reunión fue Ulises Gorini, abogado de la Federación Judicial Argentina, quien destacó que "es legal la huelga. El ilegal es Celso Jaque". Por esto, se dispuso esperar el resultado de la paritaria del mediodía.



En el Gobierno, se llamó a conferencia de prensa para las 11 y recién a las 12, hora en que se había dispuesto el inicio de la reunión paritaria, el ministro de Gobierno, Mario Adaro, y el subsecretario de Hacienda, Mario Granado, anunciaron "la oferta salarial de 32 millones de pesos (a repartir entre los 4.000 empleados judiciales durante todo el año) más otros beneficios".



Anunciaron que "en minutos se va a llevar (esta propuesta) a la paritaria" que se desarrollaría en la Subsecretaría de Trabajo .



"Ésta es la propuesta definitiva que se acompaña con copias de las simulaciones. Esperemos que pueda ser evaluada durante el fin de semana para que el lunes, a las 18, en la audiencia de conciliación convocada, se responda si fue aceptada", argumentó Adaro.



El ministro agregó que los tres poderes del Estado han unificado posturas y son "contundentes al decir que ésta es la última oferta".



Lo que establece también esta decisión es que el Gobierno y la Suprema Corte reconocen, como ámbito de negociación salarial, a la Subsecretaría de Trabajo, desechando así el planteo del gremio judicial, que desconoce la mediación de esa repartición y asegura que debería ser un amigable componedor el Ministerio de Trabajo de la Nación.



"Recuerden que está rigiendo la conciliación obligatoria, que ya se está incumpliendo", puntualizó Adaro y se despidió de los periodistas indicando que se trasladaba a la Subsecretaría donde nunca llegó.



En ese organismo esperaban los representantes de los trabajadores y de la Suprema Corte, además de Javier Castrillejo, director de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Trabajo, quien comunicó que no irían los miembros paritarios del Gobierno y que les iban a hacer llegar la propuesta por escrito.



Al salir del edificio el titular del gremio, Carlos Ordóñez, junto a otros dirigentes y trabajadores judiciales, se enteraron en la vereda, por los periodistas que llegaban de Casa de Gobierno, de los detalles de la propuesta.



"Esto es insólito. El Gobierno ha debilitado el ámbito paritario y anuncia la propuesta a través de los medios, lo que es una clara práctica ilegal y desleal", indicó Ordóñez, en medio del enojo de los trabajadores judiciales.



Por la tarde, Adaro afirmó que con la propuesta anunciada "en términos reales no estamos tan lejos, pero no vamos a torcer el brazo en el tema jurídico. Hasta el lunes hay paz social. La oferta va de 300 a 700 pesos" según la categoría, aclaró.



Por su parte, Ordóñez sostuvo que a la tarde llegó al gremio la propuesta formalmente y totalmente incompleta. El sindicato amenaza con denunciar al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo y pedirá que intervenga en el conflicto el Ministerio de Trabajo de la Nación.



El paro judicial comenzó el martes 30 de marzo, luego de negociaciones infructuosas porque el monto ofrecido por el Gobierno (empezó con un global de 13 millones y luego fue subiendo a 19 millones, 21 millones, 22 millones y 26,5 millones, en distintas instancias) estaba lejos del pretendido por los trabajadores (primero 35 % de aumento para todos y luego 44 millones).